Partidos y Sindicatos aplican la Reforma Laboral que tanto criticaron

Partidos y Sindicatos aplican la Reforma Laboral que tanto criticaron

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Tanto PSOE, IU, CCOO y UGT han aplicado la reducción de las indemnizaciones a sus trabajadores al mínimo que establece la ley que tanto criticaron.

La aprobación de las 2 últimas reformas laborales ocasionaron críticas constantes y fuertes movilizaciones sociales en las calles, no obstante no han dudado en aplicarlas a sus extrabajadores.

En efecto, tanto los sindicatos como las organizaciones políticas de izquierda, cuando despiden a algunos de sus trabajadores no dudan en aplicar las normativas que tanto criticaron públicamente. Y esto no ha pasado en alguna ocasión, sino en varias durante los últimos años.

Como ejemplo podemos resaltar el despido fulminante por parte del Partido Socialista de Madrid de seis altos cargos a los que despidió a través de un burofax. Se trataba de personas de confianza del anterior secretario general de la federación madrileña del PSOE, Tomás Gómez.

Sospechosamente horas antes habían recibido 2 días de permiso y ni siquiera pudieron entrar a sus despachos ya que estos tenían las cerraduras cambiadas. Entonces es cuando recibieron el burofax con la carta de despido. Esto ocurrió allá por febrero de 2015.

El partido se limitaba a ofrecerles una indemnización de 20 días por año trabajado. Si bien esto es acorde con la ley que aprobó el PP en el año 2012 a la que el PSOE se opuso férreamente. Una ley que el propio PSOE calificó de “barbaridad económica” y de “demolición de los derechos de las trabajadores”.

Los afectados recurrieron a los tribunales y finalmente el PSOE, ante la posibilidad de una sentencia desfavorable decidió avenirse a pactar con los despedidos. Terminó reconociendo que se trataba de un “despido improcedente” por lo que pasó a indemnizar por 33 o 45 días dependiendo de si el periodo de contrato se inició antes o despues de las reformas laborales.

Otro tanto ocurrió también en Izquierda Unida en el año 2014 cuando despidió a parte de sus empleados de Madrid aplicando, eso si, la reforma laboral a la que tanto se opusieron en las calles. “Mediante la presente le comunicamos que desde la Comisión Ejecutiva de esta Organización, nos vemos en la dolorosa obligación de proceder a la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas de tipo económico y organizativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 52, apartado c) del Estatuto de los trabajadores”. Así decía la carta que recibieron los trabajadores de la federación madrileña de Izquierda Unida en agosto de 2014.

También aplicaron la indemnización mínima a sus trabajadores establecida por la reforma laboral del Partido Popular los responsables de CCOO de Andalucía al despedir a 10 empleados de su asesoría jurídica.

Estos despidos se comunicaron en cuanto se cumplió el plazo de 2 años durante los cuales, el sindicato, se comprometió a no despedir más trabajadores tras el ERE realizado en el año 2013. En aquella ocasión el sindicato justificó esos despidos dada la delicada situación económica por la pasaban sus ingresos. Habían descendido los ingresos al decidir la Junta de Andalucía suspender las subvenciones, y por la caída de las cuotas de los afiliados. Según declaró CCOO, en caso de tratarse el sindicato de una sociedad mercantil, estarían en una situación de concurso de acreedores.

También UGT se vió envuelto en la polémica tras el despido de 160 trabajadores de su fundación en las Islas Canarias, Fudescan. Acudió a la reforma laboral de 2010 aprobada por el PP para indemnizarlos con 20 días por año trabajado. Los trabajadores recurrieron a la justicia para denunciar a UGT. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias terminó por dar la razón a los trabajadores.

Y este pasado martes se ha conocido que el ayuntamiento de Cádiz, hoy gobernado por Podemos recurrió al Tribunal Supremo una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el despido improcedente de una trabajadora de los Agentes Locales de Empleo. El Supremo no admitió a trámite el recurso por lo que sentencia a pasado a ser firme.

No obstante, cuando la trabajadora acudió al juzgado para conocer en que día debía de incorporarse de nuevo a sus funciones, se enteró de que el abogado del ayuntamiento apelaba a las “causas económicas” que prevé la reforma laboral para no poder hacer frente al sostenimiento de ese puesto de trabajo.

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